El objetivo de todo sistema sanitario se orienta a dar respuesta a las necesidades de la población. Para ello, debemos comenzar por conocer las características demográficas, principales problemas de salud y condiciones socioambientales. 

El gasto sanitario en España se ha caracterizado en estas dos décadas del nuevo siglo por un incremento del gasto, produciendo un desequilibrio entre la necesidad de gasto y la capacidad de financiación. Este hecho nos lleva a replantear cómo se realiza la financiación de este gasto, cómo se realiza la distribución de este gasto por sectores y qué capítulos absorben la mayor porción del gasto en salud.

Atendiendo a este concepto, observaremos que el predominio fundamental del gasto en sanidad recae sobre los servicios hospitalarios y especializados, seguido del gasto en farmacia no hospitalaria. El tercer lugar lo ocupan los servicios de atención primaria.

La asistencia sanitaria en España se constituyó como una prestación de servicios contributiva. En inicio como propio de los trabajadores generadores de cotización, pensionistas y sus beneficiarios. Posteriormente, con la reforma de la LGS de 1986 se produjo una transformación del sistema de manera que este se reorienta hacia: la universalización de la asistencia sanitaria, la financiación del gasto vía impuestos y la descentralización de la prestación a través del traspaso de las competencias a las distintas comunidades autónomas. En este camino de desarrollo del SNS debemos prestar atención a lo que los textos de 3 leyes nos manifiestan. La Ley Orgánica 4/2000, sobre el derecho y libertad de los extranjeros residentes en España, la Ley 16/2003, de cohesión y Calidad del SNS, que reconoce a los titulares de la atención sanitaria y la Ley 33/2011, General de Salud Pública.

Como derecho constitucional, la protección de la salud tiene distintas restricciones ajustándose a aquellas que se encuentran recogidas en catálogo de prestaciones y en la cartera de servicios, partiendo de los criterios de eficiencia y equidad.

La evolución demográfica

Los cambios que se producen en la población han hecho que los hasta ahora aceptados principios de regulación financiera del SNS sean cuestionados por su necesidad de replanteamiento. El tamaño y estructura de la población, en la que nos encontramos una población cada vez más numerosa, acompañada de un envejecimiento alarmante.  La población mayor de 65 años se incrementa año a año, acompañada de una disminución de la natalidad, despoblación de las zonas rurales y movimientos migratorios hacia las zonas costeras de la cuenca mediterránea.

El envejecimiento de la población no solo es un problema para la economía, a través de la reducción de la fuerza laboral. Esta produce de manera directa deficiencias de financiación y sostenibilidad. Y son costes que se seguirán incrementando en los próximos años.

Es por ello, que la organización sanitaria necesita reconducirse hacia las actividades preventivas y de educación para la salud, aun cuando los resultados se encuentren en el medio-largo plazo y no existan réditos políticos a corto plazo. También es prioritario girar hacia las actividades sociosanitarias dando cabida a actuaciones sobre la dependencia y la cronicidad.

Es bien seguro, que el cambio necesario en estas políticas producirá resistencias tanto en el ámbito político como en el social. La tradicional costumbre hospitalocentrista produce la creencia sobre la población acerca de que, todos los problemas serán resueltos en el ámbito del hospital, incluida la atención a los crónicos y dependientes.

Esta costumbre y necesidad de replanteamiento de la financiación sanitaria nos lleva para finalizar, plantear la pregunta ¿Qué es lo que queremos como sociedad? Y ¿Cómo vamos a financiarlo?